Hace dieciséis años que gobierna a la provincia un partido de un mismo signo político. Un gobierno que heredó los vicios de mando de la intervención de los cordobeses a Corrientes tres años antes.
 
En esos dieciséis años la certeza de que Corrientes era la provincia con la frontera más permeable del NEA era una verdad de Perogrullo. La tierra de nadie que constituye el río Paraná fue durante casi dos décadas, y es una realidad por donde se desplazan a su placer las lanchas del narcotráfico. Las casas y montes ribereños son el aguantadero de la mercancía ilegal, y muchas veces, el lugar adonde se guardaban muchos elementos de intercambio, tales como vehículos que cruzaban la frontera como moneda de cambio.
 
Todo eso está en los mentideros de la población fronteriza. Todos lo veían, lo sabían y con su silencio temeroso por el poder y las conexiones de los autores, callaban aún más.
 
Dinero que pagaba abogados, policías, controladores, protección política y judicial. Todo eso “se sabía”. La cuestión era quién le ponía el cascabel al gato.
 
En dieciséis años, el gobierno provincial, el Estado más cercano en materia de seguridad, obvió ese rol. No controló, no frenó, no persiguió.
 
La oportunidad de una decisión judicial en tres años de investigación, hizo saltar los fusibles, y puso en el camino de la asociación ilícita por narcotráfico a algunas conexiones del poder.
 
En el último año desde el gobierno provincial avalaron al comisario Ocampo Valenzuela, hoy detenido. Fue el mismo Ministro de Seguridad Horacio Ortega quien lo protegió, y trasladó a los policías de la seccional, tras una muerte relacionada al narcotráfico. En estas circunstancias, bien valdría su renuncia.
 
A Terán lo dejaron a  su suerte por ser además del frente opositor, pero fueron condescendientes con él en varias ocasiones.  Hasta hicieron coro juntos en la defensa del comisario corrupto.
 
Cuando tuvo su interna y el vice intendente Aquino se alejó, a éste le abrieron las puertas en ECO y lo incorporaron como tropa amiga. 
 
Una historia que se repite pueblo por pueblo de la frontera..
 
En la Capital es dable ver en los barrios el consumo, y por ende, la distribución. Motos con muchachos soldaditos con mochilas o bolsos de plástico negro, transitando de un punto a otro de la ciudad. Su ligereza, la falta de patentes y la alta potencia de las máquinas hablan suspicazmente de lo que están haciendo: el narcomenudeo desde los centros de acopio.
 
Eso es así.
 
Todo esto, ¿no lo sabe el estado provincial?. Cualquier vecino de los barrios capitalinos dirá lo mismo: se sabe, pero si decís algo, no sabés a lo que te enfrentás.
 
Sin dudas que si la gente lo sabe, el Estado cercano lo sabe. Y no hace nada.
 
Una vez sí actuó el gobierno provincial: fue en Goya cuando una orden de un juez federal de Santa Fe levantó jóvenes para ser testigos en una serie de allanamientos en domicilios de conocidos narcos de esa ciudad. Allí se mandó detener al mismo jefe del operativo antinarco. Ello  valió una denuncia por obstrucción de la Justicia. Allí sí, el gobierno provincial si vio, y actuó, pero a favor de los narcotraficantes goyanos.  Un alto jefe policial quedó en la mira, pero el Ministerio de Seguridad lo sigue protegiendo y no hizo nada por destituirlo.
 
En los allanamientos de Itatí pasó lo mismo: levantaron jóvenes de Corrientes para testigos, pero aquí el gobernador ya no se opuso.
 
La misa en escena puesta por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, sobrepasando la misma figura del Juez federal actuante, y poniendo énfasis en la actuación de la Gendarmería, y del Estado Nacional, deja también un mensaje: subirse a una actuación judicial para sacar un rédito político que se encamina a un año electoral de varios tiempos, adonde ECO –CAMBIEMOS se enfrenta al FPV.
 
Todo está contaminado: el narcotráfico, la política, la justicia, y el uso político de los actos judiciales.
 
Lo que queda es la sensación de que todo es simplemente una manera más de mantenerse en el poder. Cambiar para que nada cambie. Porque la lucha contra el narcotráfico va atada a decisiones judiciales que no aparecen todos los días, y la acción preventiva sólo es para las cámaras, cuando hay que sacar un rédito político.
 
Es la manera de gobernar, que en estos dieciséis años desde el gobierno lo han naturalizado. Mañana, la semana que viene, el mes que viene todo seguirá igual, y quienes hicieron la vista gorda en todo este tiempo, seguirán haciéndolo, mientras no les toque sus intereses.
 
Los hechos sobran. La contundencia de los años sin acciones efectivas desde la Provincia, están a  la vista.
 
Sin dudas, mucho de la existencia del narcotráfico en Corrientes tiene al gobierno provincial de responsable.
 
¿Será hora de demostrarlo?

PUBLICADO POR: NORTE CORRIENTES

Miércoles, 15 de marzo de 2017